Indignación en la Vall d'Ebo: Seis meses sin noticias de las ayudas tras el incendio que arrasó más de 12.000 hectáreas

Para paliar estos daños, la Generalitat -a través de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública- puso en marcha una oficina de respuesta integral a la emergencia con la que los afectados pudieron solicitar ayudas. El Ayuntamiento de la Vall d'Ebo se convirtió en el centro logístico para acoger esta oficina, la cual tramitó 334 expedientes para un total de 866.431 euros.

Pasados seis meses de aquel desastre ecológico, los centenares de agricultores afectados están indignados porque aún no han recibido estas indemnizaciones, las cuales, por otra parte, consideran totalmente insuficientes para recuperar sus campos.

Las ayudas aprobadas por el Consell van destinadas a la reparación de daños en infraestructuras agrarias o de otros sectores económicos, así como en bienes muebles e inmuebles que no estuvieran cubiertos por el sistema de seguros.

Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores Asaja consideran que las ayudas son «incompletas y están mal enfocadas», tal y como asegura la técnica de la entidad Teresa Alemany. Ella misma tuvo que decir adiós a una extensión de ciruelos que fueron pasto de las llamas en la Vall de Gallinera. Como a otros profesionales de la zona, el seguro le cubrió los daños, pero sin ofrecerles asistencia para la regeneración de las tierras.

Esa es la principal demanda que emana desde Asaja: una segunda línea de ayudas -paralelas a la de carácter indemnizatorio y con independencia de que se dispusiera de seguro o no- con la que reponer los cultivos; contemplando los gastos de maquinaria, mano de obra propia, y gastos de plantones. A su vez, también solicitan que la administración asuma los trabajos de limpieza en las parcelas privadas a través de la entidad Tragsa.

A la insuficiencia de las ayudas se suma otro hándicap relacionado con la tramitación, y es que son los ayuntamientos de cada pueblo los que deben abonar el importe a los afectados. Desde la conselleria encabezada por Gabriela Bravo confirman que ya han transferido el dinero a las entidades locales, sin embargo, el dinero aún no ha llegado a sus destinatarios. Una de las razones que explica este retraso es la limitada capacidad de gestión con la que cuentan los ayuntamientos.

Ismael Molines es alcalde de Benimassot, uno de los pueblos más afectados por las llamas del pasado verano. El primer edil lamenta amargamente que la obligación de abonar las indemnizaciones haya recaído en las administraciones locales: «estos trámites requieren de mucha burocracia, y los ayuntamientos estamos bajo mínimos; no disponemos de suficiente personal». Molines cree que el pago se debería hacer a través de la Conselleria, tal y como se está produciendo con las ayudas para paliar los efectos de la plaga de la Xylella.

Uno de los damnificados por esta situación es Juanjo Pérez, un agricultor de Fageca que actualmente está afincado en Alcalà de la Jovada. Cerca del 60% de sus olivos y cerezos quedaron afectados por las llamas, algunos de ellos recuperables pero otros perdidos irremediablemente. Entre los que ya no volverán a producir frutos se encuentran árboles de hasta 600 años, especies cuya vetusta madera les hizo especialmente vulnerables al fuego.

El fagequí tenía sus terrenos asegurados, aunque la cobertura solo llegaba al 80 %. Además, el peritaje al que están siendo sometidos sus árboles dañados se está dilatando más de lo deseado, algo que pone en riesgo el mantenimiento de su actividad. «Si no fuera porque familiares y vecinos me han cedido campos que tenían en desuso para que yo los cultive, me habría visto obligado a dejar la agricultura». En casos como el suyo, también se prevé necesaria una ayuda a la limpieza y saneamiento de sus tierras, trabajos que el agricultor estima que deberá invertir cerca de 10.000 euros.

Chimo Mengual es otro de los agricultores afectados por el incendio de la Vall d'Ebo. Cerca de la mitad de sus nueve hectáreas de cultivo se vieron afectadas, especialmente olivos, muchos de ellos completamente carbonizados y otros dañados gravemente por la radiación del fuego. En el caso de estos últimos, Mengual estima que deberá esperar al menos cuatro años para que vuelvan a ser productivos.

Desde Beniaia, en plena Vall d'Alcalà, llega el testimonio del ganadero y agricultor Francisco Panella. Él tampoco ha recibido ni un solo euros de unas indemnizaciones para las cuales critica que hay una «desinformación total y absoluta». Los bienes que perdió Francisco tras el incendio son cuantiosos, desde un vehículo todoterreno, hasta cubas de gran capacidad o equipamiento como motosierras y desbrozadoras.

Además, un tercio de la nave donde tiene a su ganado resguardado (de 300 metros cuadrados) está completamente inutilizada. Los daños son tales que se ha visto obligado a pedir un crédito para seguir con su actividad, todo a la espera de unas ayudas que parecen no llegar nunca.