Los letrados alicantinos estallan: «Somos abogados, no esclavos»

La protesta ha sido convocada por el Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (Icali) para no solo reivindicar lo anterior, sino también poner de manifiesto «la grave situación» que provocan las sucesivas huelgas de quienes integran la Administración de Justicia.

La batuta de la protesta la ha llevado el decano del Icali, Fernando Candela Martínez, quien ha alentado a defender su profesión. «No negamos el derecho a la huelga de ningún colectivo, pero se puede hacer de muchas maneras, sin causar el mayor daño posible a los profesionales que defendemos a los ciudadanos», ha mencionado Candela.

Primero fueron los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) quienes iniciaron, el pasado enero, una huelga indefinida que paralizó la Justicia durante dos meses y que dejó graves consecuencias. Tan solo en la provincia de Alicante se bloquearon 185 millones de euros y se suspendieron alrededor de 20.000 juicios. Ahora, los funcionarios han decidido plantarse para exigir retribuciones dignas y funciones claras.

Estas paralizaciones han desencadenado las protestas de los letrados que se sienten los «auténticos perjudicados», junto a la ciudadanía, por estas paralizaciones «y las que se anunciarán próximamente». Desde Icali consideran al gremio «parte esencial de la Justicia», por lo que alzan la voz para exigir respeto.

Los abogados también reivindican la mejora de las condiciones del turno de oficio para que se contemple ya el abono de aquellas actuaciones que aún no están baremadas, el pago por los desplazamientos y la reducción de la carga burocrática.

Asimismo, reclaman el derecho a la conciliación profesional y familiar y desconexión digital, algo que consideran que disfruta el resto de la ciudadanía. También piden que se garantice una defensa de proximidad, con especial incidencia en el caso de las víctimas de violencia de género en cada partido judicial.

El Colegio de la Abogacía de Alicante defiende que siempre ha mantenido una «postura beligerante» en lo que se refiere a los derechos e intereses de los colegiados y colegiadas. Y así lo seguirán haciendo porque «su razón de ser como institución es defender y servir a la colegiación», añaden desde la institución.