Al final, la culpa será de Ayuso

Solo unos datos. De la infraestructura hídrica dependen 30.000 empleos directos e indirectos en la provincia de Alicante y un sector que supone el 25% de las frutas y hortalizas que se producen en España, con una facturación de 1.400 millones de euros.

Por no hablar de las miles de hectáreas ahora plantadas que se convertirían en áridos solares, aumentando la progresiva desertización de la Vega Baja.

Sin embargo, la cuestión medioambiental ha sido el argumento utilizado por el Gobierno central para recortar progresivamente los envíos de agua. En una infraestructura preparada para aportar hasta 600 hectómetros cúbicos, hoy en día hablamos de un envío aproximado de 200.

Desde 2018 se ha aumentado progresivamente el caudal ecológico del Tajo, esto es, la cantidad de agua que debe llevar el río para ser sostenible. Algo que, técnicamente, no tiene sentido. Este caudal ecológico debería ser fijo en función de la cantidad de agua que tenga la cuenca.

Pero no. Ha ido creciendo cada vez más y, por ende, disminuye la cantidad de agua que se puede trasvasar.

El plan hidrológico del Tajo que iba a presentar el Ministerio de Transición Ecológica suponía el golpe definitivo. El caudal ecológico de la cuenca pasaba de 6 a 8,6 hectómetros cúbicos. Eso implica un recorte de 80 hectómetros cúbicos al año para la provincia de Alicante.

Es decir, dejaba casi a la mitad el agua que se envía al Segura para la agricultura y para beber. Un golpe mortal para la agricultura de la provincia, que ya lleva perdidos unos 160 millones de euros desde 2018.

El día 29 se celebra el Consejo Nacional del Agua. Este organismo debe aprobar los planes de cuenca de las 26 confederaciones hidrográficas del país. En caso de consumarse, supondría el preámbulo del cierre del Travase en 2026 defintivamente. En este año, el caudal ecológico previsto para el Tajo hacía imposible cualquier transferencia al Segura.

Pero, una semana antes, la Generalitat Valenciana anuncia un viernes por la tarde a través de un comunicado que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para cambiar el plan de cuenca. Ya no es necesario que el Tajo tenga un caudal ecológico de 8,6 hectómetros cúbicos, con 7 es suficiente.

Llegará menos agua a la provincia. Pero en lugar de perder 80 hectómetros cúbicos, ahora se quedará en 32.

Todo esto no lo dijo la Generalitat Valenciana en su comunicado, claro. Solo explicó que el caudal ecológico del Tajo no sería inamovible. Alguien lo revisará dentro de cuatro años y comprobará si se mantiene el actual o se aumenta. O se disminuye, por qué no.

A cambio, el Gobierno se compromete a invertir 1.000 millones de euros para la depuración de aguas residuales en Madrid a su paso por Aranjuez. Y otros 600 millones de euros en desalación para la provincia de Alicante.

Las reacciones políticas han sido inmediatas. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, carga contra «un nuevo ataque de Pedro Sánchez a la provincia», mientras los socialistas aplauden un acuerdo «histórico» que asegura el mantenimiento del Tajo-Segura y «cumple las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana».

La guerra política entre regiones también se riega con agua. El gobierno socialista de Castilla-La Mancha nunca ha ocultado su objetivo de cerrar el Trasvase Tajo-Segura.

Mientras, en la provincia de Alicante se reivindica la necesidad de disponer de recursos hídricos para mantener sus dos principales industrias: la agrícola y la turística, que necesita abastecimiento de agua, no solo campos de golf o piscinas, también para los millones que vienen cada año.

¿Quién tiene la razón? Todos y ninguno. Como siempre.

Es innegable que vendrá menos agua a la provincia de Alicante, que se suma a años de recortes. Pero también es cierto que se ha negociado y reducido el caudal ecológico del Tajo, lo que permite mayor flexibilidad a los regantes. «Es un alivio», admite el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), José Vicente Andreu.

El principal triunfo de este acuerdo, sin embargo, no es que haya más o menos caudal ecológico. O que será en 2026 cuando se decida si se cierra o no. Lo importante es centralizar los problemas del Tajo no en el Trasvase, sino en Aranjuez.

El cinturón industrial del sur de Madrid desemboca sus residuos directamente en el Tajo sin ningún (o con poco) control. Esto perjudica claramente la calidad ambiental del río.

Provoca que haya menos caudal tanto para los regantes del Alto Tajo como recursos hídricos para pueblos de Castilla-La Mancha, que todavía se suministran con camiones cisterna. Estas poblaciones sufren estas restricciones mientras ven cómo pasa el caudal para el Levante (sí, aún se llama así en esta zona entre el sur de Alicate y Murcia). El germen perfecto del victimismo para los políticos.

El agua que llega a Alicante no es gratis. Los regantes alicantinos han pagado 500 millones de euros por esas transferencias de agua a la cuenca cedente. Ese dinero debía ser para la modernización de regadíos y la creación de infraestructuras hídricas en Castilla-La Mancha para que situaciones como las anteriormente descritas no tuvieran lugar.

La gestión de este dinero es una cuestión que los ciudadanos de esa comunidad autónoma tendrán que preguntar a sus representantes públicos.

Esos 1.000 millones de euros deben servir para depurar el agua en el Jarama. El río madrileño vierte diez veces más que el Alto Tajo.

Y debe servir también para modernizar los regadíos de esta zona. Los regantes del Alto Tajo disponen de 14.000 metros cúbicos de agua por hectárea. En la provincia, es de 3.000.

Alicante es líder en regadíos, depuración y reutilización del agua. Mientras en Europa solo se recicla el 3%, la media española es del 7%. En Alicante alcanza el 85%. En este sentido, nadie puede dar a la provincia lecciones de cómo exprimir al máximo este preciado elemento que es el agua.

Combatir la degradación del Tajo en Madrid en apenas cuatro años y comprometer una inversión de esa magnitud, 1.600 millones de euros, parece una quimera. Al respecto, la muy interesante opinión del presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Ángel Urbina, en Todo Alicante: «Lo que han hecho ha sido pasarle la pelota al siguiente Gobierno».

Y, a día de hoy y según las encuestas, sería un Ejecutivo del Partido Popular con Núñez Feijóo. Serán los populares quienes tengan que mojarse y pagar lo que ahora Teresa Ribera se ha comprometido.

Políticamente, el PSOE ha sido muy hábil en esta cuestión. El discurso ahora irá en esos dos sentidos: uno, el PSOE se compromete a invertir 1.600 millones en infraestructuras hídricas que, si se cumplen los pronósticos electorales, tendrá que ejecutar el PP; dos, se pone el foco en la gestión del agua en la Comunidad de Madrid. Es decir, en Isabel Díaz Ayuso.

Una enemiga fabulosa a la que cargarle las culpas por no tener una correcta política medioambiental con sus ríos Y, al fin y a la postre, responsabilizarla si algún día se cierra el Tajo-Segura.

Entre todos ellos lo mataron, pero fue Ayuso el que se lo cargó. Si no existiera, tendrían que inventarla.