La polémica presencia de centenares de coches en Muro que fueron retirados tras la dana ha llegado a los tribunales. La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acción ha denunciado la situación a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al juzgado de guardia, por el presumible impacto ambiental que podría tener esta concentración de vehículos. La pretensión de la empresa responsable es retirarlos progresivamente del lugar a medida que pueda tratarlos en sus instalaciones, proceso que podría alargarse meses, vaticinan los ecologistas.
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En las denuncias presentadas, el grupo ecologista destaca que la zona donde se ha amontonado unos 800 coches es suelo no urbanizable y está a poco más de 20 metros del río de Agres, íntegramente dentro de la zona de protección del dominio público hidráulico; además está tocando dos espacios naturales protegidos: el Paisaje Protegido del Serpis y el Paraje Natural Municipal Font del Baladre-Fontanars-Riu d'Agres.
La denuncia presentada a la Confederación Hidrográfica del Júcar destaca que la Ley de aguas prohíbe cualquier actividad susceptible de provocar la contaminación o la degradación del dominio público hidráulico, y, en particular: «Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, sea cual sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación del entorno.»
Aseguran que la previsible contaminación del suelo y el arrastre de los contaminantes hacia el río de Agres en caso de lluvia intensa, hacen que la permanencia de los vehículos siniestrados en este punto sea una amenaza ambiental grave. Además, aluden al peligro de incendio, que comportaría un riesgo sanitario importando para la población, que se encuentra a menos de 200 metros.
En la denuncia presentada al juzgado de guardia se hace constar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tipificado en el artículo 326 del Código penal. Asimismo, se pide que, como medida cautelar, se acuerde la retirada urgente de los vehículos a un depósito provisional urbanísticamente compatible y que cumpla al menos los requisitos de disponer de pavimento impermeable y de un sistema seguro de recogida de derrames.
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Los ecologistas advierten al juzgado que si no se actúa de manera rápida, el riesgo de incendio y de contaminación del suelo y de las aguas, tanto subterráneas como superficiales, se podrá materializar en perjuicios graves.
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