La Diputación recurre el hachazo al Trasvase y culpa a Puig de una posible derrota en el Supremo

Mazón, que ha comparecido acompañado de la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y del profesor Andrés Molina, director del Instituto del Agua de la UA, ha recalcado que la Diputación solicita, además, medidas cautelares para dejar sin efecto el primer aumento de caudales previsto para el Tajo (de 6 a 7 metros cúbicos por segundo). Argumenta que los daños de este incremento ecológico inicial, sin tener que esperar a los siguientes programados, ya serán «irreparables».

En concreto, según los informes técnicos de los que dispone la Corporación provincial, supondrá recibir 28 hectómetros menos de agua trasvasada; y con ello daños económicos por valor de 84,9 millones de euros y la supresión de 2.400 puestos de trabajo, unido a la pérdida de mercados y la deslocalización de empresas.

Así lo ha expuesto el presidente de la Diputación, quien ha hecho hincapié en que, a diferencia de la institución provincial alicantina, la Generalitat en su recurso sí acepta la subida del caudal ecológico hasta los 7 m3 por segundo, y solo pone reparos al siguiente aumento, previsto para 2026.

Mazón hace responsable a Puig de una eventual decisión en el Supremo contraria a los intereses alicantinos. Argumenta que el Alto Tribunal va a recibir dos recursos dispares, porque la Generalitat desestimó coordinarse con la Diputación en este trabajo jurídico y, además, según detalla Mazón, defiende realidades distintas.

«Lo que hace el Consell presidido por Ximo Puig es claudicar, una rendición a plazos, es todo una gran mentira», critica Mazón. A su entender, no tiene sentido «solicitar la suspensión cautelar de algo que ha de pasar dentro de tres años»

Mazón arremete duramente contra la alternativa ofrecida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez: la desalación. Argumenta que representa un elevado coste energético y medioambiental, además del aumento de tarifas no solo para riego, sino también para consumo urbano. Y así se expone en el recurso planteado por los servicios jurídicos de la Diputación, apoyado a su vez en informes técnicos y académicos, como ha subrayado el presidente de la institución.

«El rechazo de Puig a la oferta de la Diputación de la defensa juridica coordinada del Trasvase va a condicionar la decisión del Supremo», ha reiterado Mazón. Y los daños no podrán subsanarse con subvenciones, «algo que implica años de tramitación administrativa», ha alertado el líder popular.

Mazón insiste en que las consecuencias incluirán la destrucción de suelos, el avance de la desertificación, la pérdida de masa arbórea y la reducción de caudales circulantes.

En el recurso, los servicios juridicos de la Diputación esgrimen falta de justificación técnica que respalde el aumento de caudales ecológicos en la cabecera del Tajo. «No se ha presentado ningún estudio por parte del Ministerio para la Transición Ecológica que avale que el aumento en un 1 metro cúbico por segundo ni los sucesivos vayan a suponer la más mínima mejora en la calidad de la cuenca cedente, mientras que los perjuicios en la del Segura serán extremademente graves», ha remachado Mazón.

«Desgraciadamente, el teatrillo de Puig con sus amigos del PSOE puede hacernos lamentar la futura decisión del Supremo», avisa el presidente de la Diputación. «Para nosotros es una traición decir que se presenta una medida cautelar (en alusión al recurso liderado por el Consell), pero no frente al daño inmediato. Es un engaño jurídico, una rendición», se lamenta Mazón.