El Consell entra en guerra con la ministra Ribera: reclama la nulidad del nuevo plan del Tajo-Segura

La Abogacía de la Generalitat Valenciana sostiene que, con la actuación del ministerio, «se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, lealtad institucional, transparencia y buen gobierno». Considera que no se ajusta a la legalidad el hecho de cambiar, con posterioridad y sin ningún tipo de aviso, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua, según ha informado el ejecutivo presidido por Ximo Puig.

Por ello reclama que se introduzca de nuevo la versión original sobre la fijación de los caudales ecológicos, ya que, en opinión de los expertos jurídicos de la Generalitat, la redacción final adolece de «falta de criterio y rigor técnico».

La petición del Gobierno valenciano se ha hecho llegar directamente a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, a la que se insta a dictaminar en contra del proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura. La solicitud se basa en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat, que ya han sido remitidas al órgano consultivo del Gobierno, en las que se «acreditan defectos en la tramitación del proyecto» que podrían ser «determinantes de la nulidad de pleno derecho» del proceso.

Tal como se describe en el informe del organismo jurídico del Consell, la controversia tiene su origen en el cambio de redacción introducido en la disposición adicional novena del proyecto de real decreto y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo esa modificación. Según argumenta el órgano de la Generalitat, el primer texto de esa disposición vinculaba la fijación de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua, y ese es el texto original que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre.

Sin embargo, añade el equipo jurídico autonómico, tras ese encuentro se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que fue sometida a debate y votación en el Consejo Nacional del Agua. «El nuevo impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027, sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura», advierte.

La Generalitat reprocha al Ministerio para la Transición Ecológica que haya efectuado estas modificaciones «de manera unilateral», sin comunicarlo antes ni al Consell ni al propio Consejo Nacional del Agua. Por este motivo la Abogacía de la Generalitat entiende que «no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación» y que, por tanto, podría haberse producido «una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo».

Yendo más allá, la Abogacía de la Generalitat sostiene que se ha «tomado una decisión arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma». Asimismo, recalca que «se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia», principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas.

Tras esas consideraciones, el Consell, a través de la Abogacía General de la Generalitat, solicita que el proyecto de real decreto sobre planes hidrológicos rescate e introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena. Es el apartado relativo a los caudales ecológicos, que fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre y que «resulta fundamental para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura», subraya el gobierno liderado por Ximo Puig.

Además, la Abogacía de la Generalitat llama la atención sobre el hecho de que el nuevo texto del Ministerio hable de estudios y evaluaciones cuando, al mismo tiempo, fija de antemano unos caudales ecológicos al alza sin ligarlos a un análisis previo. Algo que sí prevé la versión original suprimida a última hora por el Ministerio, agrega.

En consecuencia, la modificación «ha quedado totalmente desnaturalizada y se ha convertido en ilógica e inútil», de manera que el nuevo texto enviado por el Ministerio al Consejo de Estado adolece de «falta de criterio y rigor técnico». El Ejecutivo valenciano, para quien resulta indispensable conseguir la seguridad hídrica, critica que el redactado actual «cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona».