Condena récord a Benidorm: el alcalde llama a la calma y sostiene que aún se puede salvar el pago de los 330 millones

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha mantenido este viernes una reunión con los servicios jurídicos del ayuntamiento de la capital turística de la Costa Blanca para evaluar la providencia por la que el Tribunal Supremo decidía ayer inadmitir a trámite y, por lo tanto, hacer firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que condena al consistorio a pagar cerca de 330 millones de euros a los propietarios del suelo afectado por el APR-7.

Ha sido después de ese cónclave cuando, por primera vez después del varapalo jurídico sufrido tras el fallo del Alto Tribunal, el primer edil ha hecho una valoración pública de la situación en la que queda ahora la ciudad. Una valoración que ha comenzado Pérez haciendo un llamamiento «a la serenidad y a la tranquilidad de todos los vecinos y vecinas de Benidorm».

Ha insistido en diversas ocasiones en que «este es un caso muy complejo» que, a pesar de esa inadmisión de su recurso por parte del Supremo, tiene abiertas otras acciones judiciales «en las que se ha dado la razón al Ayuntamiento en primera instancia y que ahora están recurridas ante el TSJ por la otra parte», por lo que confía en que, finalmente, el TSJ acabe dando la razón al consistorio y evitar, de esta manera, el pago de esos 330 millones de euros.

Al alcalde se le ha preguntado, en más de una ocasión, por la capacidad que tendría la ciudad de hacer frente a ese pago multimillonario y, en su caso, en qué situación quedarían las arcas municipales, pero Toni Pérez no ha querido contestar en ninguna de esas ocasiones a la pregunta, limitándose a afirmar que «los servicios jurídicos y económicos no están en eso ahora mismo».

De la misma manera, tampoco ha querido cerrar la puerta por completo a una posible negociación con la familia Murcia Puchades, si bien, como ya hiciera hace un año, ha afirmado que «los políticos no podemos negociar».

Y no puede o no quiere hacerlo, por lo menos por el momento, porque mantiene Pérez la esperanza de que en ese «abanico de opciones» que se sustanciarán «el lunes o el martes» por los servicios jurídicos del consistorio, finalmente el Ayuntamiento no deba hacer frente a ese pago. «¿Se imagina qué ocurriría si aceptamos ahora el pago o una negociación y al final la Justicia nos da la razón?», ha preguntado.

En lo que sí ha sido muy insistente el primer edil (además de en múltiples reproches a la oposición) ha sido en los procesos judiciales que «siguen abiertos después de que se nos haya dado la razón en ellos en primera instancia».

Unos procesos que tienen como último objetivo demostrar si aquel convenio inicial de 2003 y, sobre todo, sus posteriores prórrogas son nulos o no, algo en lo que la declaración de la Serra Gelada como Parque Natural en 2005 es clave.

Es ahí donde el alcalde lo fía casi todo ya que, ha recordado, «todos los informes técnicos así como el Consell Juridic Consultiu y los órganos judiciales en primera instancia nos han dado la razón».

Pese a todo, Toni Pérez ha remarcado en múltiples ocasiones que «todavía es muy pronto para decidir cuál va a ser la hoja de ruta» a seguir a partir del lunes de la próxima semana, aunque esa será en base «a la estrategia que marquen los servicios jurídicos del Ayuntamiento».

• Temas
• Benidorm