Las oficinas de Extranjería están «al límite», según denuncian sus funcionarios, que consideran «imposible responder en tiempo y forma» a las solicitudes de las personas que acuden a las oficinas. Una situación especialmente complicada en la provincia de Alicante, que es la tercera a nivel nacional en tramitación de expedientes de extranjería.
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Los trabajadores de este servicio estatal, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han salido este jueves a protestar para «visibilizar el colapso actual del sistema de extranjería» y solicitar que «se garanticen los medios económicos, materiales y humanos necesarios para afrontar la creciente demanda». Entienden que «sin un servicio de Extranjería eficiente, toda la sociedad se ve afectada» y miles de personas «podrían verse impedidas a trabajar y residir legalmente en España, con un impacto grave en sus vidas y en la economía general del país».
La provincia de Alicante es uno de los epicentros de esta diversidad en la vida diaria, con un 21% de población extranjera residente. Se posiciona como una de las provincias con mayor concentración de residentes internacionales, junto con Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. En 2024, la población extranjera superó los 6,8 millones de personas, representando casi el 14% del total de habitantes del país.
En esta situación «son necesarios más recursos y mejores condiciones laborales para garantizar un servicio eficiente», explican en un comunicado los sindicatos Csif, CC OO y UGT, convocantes de las concentraciones. Pero aún más por lo que va a venir: la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería para el próximo 20 de mayo.
«Las oficinas de extranjería sufren una crisis de recursos y organización que amenaza con agravarse», indican los representantes de los trabajadores: «Se ha llegado a una situación insostenible», aseguran. Por ello, reclaman la revisión «urgente» de los puestos de trabajo, ya que 1.500 trabajadores en toda España se encargan de 1,2 millones de expedientes.
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En cuanto a sus condiciones laborales, demandan igualdad de retribución con otros organismos de la AGE, como la Seguridad Social, el SEPE o Tráfico, «reconociendo la complejidad y responsabilidad del trabajo realizado». También una «mejora de las condiciones de movilidad interna y homogeneización de las directrices sobre teletrabajo, actualmente desiguales entre provincias».
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