Colapso «inminente» en la Oficina de Extranjería en Alicante ante la avalancha de peticiones de residencia

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 27 de marzo 2025, 14:06 | Actualizado 14:17h.

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Las oficinas de Extranjería están «al límite», según denuncian sus funcionarios, que consideran «imposible responder en tiempo y forma» a las solicitudes de las personas que acuden a las oficinas. Una situación especialmente complicada en la provincia de Alicante, que es la tercera a nivel nacional en tramitación de expedientes de extranjería.

Los trabajadores de este servicio estatal, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han salido este jueves a protestar para «visibilizar el colapso actual del sistema de extranjería» y solicitar que «se garanticen los medios económicos, materiales y humanos necesarios para afrontar la creciente demanda». Entienden que «sin un servicio de Extranjería eficiente, toda la sociedad se ve afectada» y miles de personas «podrían verse impedidas a trabajar y residir legalmente en España, con un impacto grave en sus vidas y en la economía general del país».

La provincia de Alicante es uno de los epicentros de esta diversidad en la vida diaria, con un 21% de población extranjera residente. Se posiciona como una de las provincias con mayor concentración de residentes internacionales, junto con Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. En 2024, la población extranjera superó los 6,8 millones de personas, representando casi el 14% del total de habitantes del país.

En esta situación «son necesarios más recursos y mejores condiciones laborales para garantizar un servicio eficiente», explican en un comunicado los sindicatos Csif, CC OO y UGT, convocantes de las concentraciones. Pero aún más por lo que va a venir: la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería para el próximo 20 de mayo.

«Las oficinas de extranjería sufren una crisis de recursos y organización que amenaza con agravarse», indican los representantes de los trabajadores: «Se ha llegado a una situación insostenible», aseguran. Por ello, reclaman la revisión «urgente» de los puestos de trabajo, ya que 1.500 trabajadores en toda España se encargan de 1,2 millones de expedientes.

En cuanto a sus condiciones laborales, demandan igualdad de retribución con otros organismos de la AGE, como la Seguridad Social, el SEPE o Tráfico, «reconociendo la complejidad y responsabilidad del trabajo realizado». También una «mejora de las condiciones de movilidad interna y homogeneización de las directrices sobre teletrabajo, actualmente desiguales entre provincias».