Las partidas de Alicante: entre el paraíso y el infierno

«Nadie da duros a cuatro pesetas», dice el refranero español con su infinita sabiduría. La frase, por muy manida que esté, viene a alertar sobre las ofertas demasiado jugosas, como comprar un terreno por menos de 15.000 euros, por mucho que sea en las partidas rurales de Alicante. Y es que, en este caso como en muchos otros, estas gangas ocultan mucha letra pequeña e incluso posibles consecuencias legales.

El problema de los terrenos con construcciones temporales, chabolas, cabañas y caravanas en la Cañada del Fenollar, el Moralet y otras partidas viene de lejos, o al menos así lo denuncian los vecinos que viven en la zona. Pero se ha intensificado en el último año por la aparición de empresas que compran y sacan a la venta por un precio mucho mayor estos terrenos. Es fácil encontrarlos en Idealista o Wallapop. En la propia descripción anuncian la posibilidad de parcelarlos entre varios propietarios una vez hecha la compra conjunta e instalar cabañas o 'mobil-homes'.

Una vez adquirido el terreno los propietarios realizan los nuevos vallados y cada uno instala lo que considera en ese prometido espacio «para pasar unos días alejados del ruido» o «desconectar de la ciudad durante el fin de semana», que incluyen algunos de los anuncios.

La clave radica en que el suelo de las partidas rurales de Alicante está considerado como terreno rural y esto supone determinadas limitaciones a la construcción. La más clara es la prohibición de construir viviendas en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados. Fuera de eso lo único que la ley permite son las casas de aperos y en ningún caso instalaciones que se usen para «pasar unos días».

En el caso de estos anuncios las parcelas hablan de 800 metros cuadrados, 1.000 o 1.500, a repartir. Las primeras investigaciones que ha llevado a cabo la Agencia Valenciana de Protección del Territorio se han saldado con la paertura de hasta 40 expedientes en estas zonas -uno por parcela- y en algunas de ellas hay hasta 30 construcciones ilegales. Las cifras permiten hacernos una idea del problema al que aluden los vecinos de las partidas. No solo urbanístico, que también, sino de convivencia con los «nuevos vecinos» o incluso de salubridad. Y es que una construcción «ilegal» no tiene acceso al agua potable, a la red de alcantarillado o a un saneamiento mínimo.

Entre las asociaciones de la zona denuncian amenazas a quienes han expresado sus quejas a los propietarios. Han sido quienes viven hace años en estas partidas de manera legal los que se han encargado de realizar parte del trabajo de campo. Hasta una veintena de denuncias han presentado ante las administraciones documentando estas parcelas. Un trabajo ingente que se puede ver con claridad en sus redes sociales.

Alegan también que no solo se han cometido delitos urbanísticos sino también ambientales, por la especial protección de la flora y la fauna que atesoran estos espacios en el cinturón más alejado de la ciudad. Además denuncian peligro tanto para estas construcciones como para el resto al estar situadas en zonas como ramblas sin los pertinentes permisos. ¿Qué ocurre si las lluvias torrenciales arrastran estos materiales y acaban taponando la salida natural del agua?, se preguntan.

El problema parece claro, tanto para los vecinos como para las administraciones -Ayuntamiento y Generalitat- que están colaborando para investigar estas denuncias. La solución, solo el tiempo dirá cuánto se tarda en regularizar estas construcciones, en caso de que sea posible, o en restituir el estado anterior aquellos en los que no. Mientras, las sanciones pueden llegar a los 3.000 euros, acumulables hasta 10 veces -30.000 euros podrían tener que llegar a pagar los propietarios-. Entre las cuestiones pendientes está determinar la posible responsabilidad atribuible a las empresas encargadas de vender las parcelas.

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