Solidaridad vecinal contra el hambre en la Zona Norte de Alicante

Tere Compañy Martínez

Alicante

Lunes, 20 de marzo 2023, 07:23

Es viernes por la tarde en Juan XXIII, en los bajos de lo que era el Centro de Convivencia y Participación del barrio, junto a la Policía Local, comienza a formarse una cola de personas con carros de la compra y bolsas. Mientras, los voluntarios organizan el reparto de comida que, una vez al mes, un viernes y un sábado, se realiza en la zona.

Es el Banco de Alimentos de Colonia Requena, aunque alrededor de esta entidad hay otras que hacen posible que la comida llegue a los que más lo necesitan, la plataforma de voluntariado Volk2, la Sociedad Benéfica Constante Alona o Mensajeros de la Paz.

En dos días han pasado por este Banco de Alimentos más de 200 familias. La comida que recojan beneficiará aproximadamente a mil personas. «Cuando viene una familia nosotros tenemos una ficha del banco de alimentos en la que pone la unidad familiar, cuántos son y cuántos alimentos se les entregan, y ellos nos lo firman para que quede constancia», explica José Vicedo, voluntario en Volk2.

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Él es uno de los voluntarios que reparte comida el viernes, pero también una de las personas que reciben la documentación de las familias, la revisan y trasladan a un educador social para que realice los informes de vulnerabilidad, el documento que permite que puedan recibir los alimentos.

Es justamente esta documentación la que desde hace unos meses trae de cabeza a este banco de alimentos y amenaza con dejar sin este recurso a los dos centenares de familias vulnerables para las que es básico. «En teoría los informes de vulnerabilidad los debería hacer el Ayuntamiento, pero sabemos que van saturados», explica Vicedo.

A mediados de febrero el presidente de la Asociación de Vecinos Colonia Requena, Antonio Colomina, denunciaba públicamente la negativa de los técnicos del Ayuntamiento de realizar la renovación de los certificados de vulnerabilidad, tal y como informó TodoAlicante. Por su parte, la concejala de Acción Social, Julia Llopis, remarcaba que no eran la gestoría de Colomina y que los técnicos no estaban para tramitar la documentación de esta entidad.

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Un conflicto que si no se soluciona pondrá en peligro la viabilidad de este banco de alimentos. Además del reparto de marzo cuentan con comida para dos entregas más, es lo que queda del plan de 2022, lo que no está claro es si solicitarán seguir con el proyecto de cara a 2023.

«En otros municipios o con otras entidades es mucho más ligero, les envían al menos un correo electrónico en el que pone el número de familias, número de personas, necesidades y tiempo, y entonces las organizaciones de reparto les atienden. Pero aquí no pasa así, y al final quienes salen perjudicadas son las personas, que solicitan unos documentos que se demoran meses. E hambre es para hoy y no para dentro de siete meses», explica Rafael García, de la Sociedad Benéfica Constante Aloana.

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Y es que estos informes hace falta renovarlos cada 6 o 7 meses y permiten, no solo el acceso al banco de alimentos, sino también a otras ayudas como el Bono Eléctrico o la Renta Valenciana de Inclusión.

Sin embargo, no es la única opción «lo que pedimos es cualquier tipo de soporte documental, si no pueden sacar los informes a tiempo al menos un correo con un documento provisional el que ponga qué las familias, cuántas personas y cuánto tiempo. Y luego que diga que en equis tiempo se mandarán los certificados, con eso nosotros podríamos entregar la documentación al Banco de Alimentos para recibir la comida», añade García.

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Es decir, el banco entrega una cantidad de alimentos para una cantidad de familias y de personas cada seis meses, personas que presentan papeles que acrediten su vulnerabilidad, como el certificado, y realiza inspecciones para comprobar que los alimentos se están entregando correctamente.

Pero ¿qué pasa con las ayudas de emergencias, las de las personas que llegan al reparto con una necesidad imperiosa de comida? «A veces es el propio Centro Social el que nos envía familias de urgencia a los bancos de alimentos, en esos momentos nos llaman por teléfono y nos dicen 'va para allá una familia de cuatro miembros' y se les tiene que atender igual porque es una necesidad de urgencia, ni siquiera hay un correo para que podamos decir que el Ayuntamiento considera que a esta familia hay que darle de comer», explica Vicedo.

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La labor de Mimi

Mimi Marcial es una de las coordinadoras de grupo del banco de alimentos de Colonia Requena, esta mujer congoleña se encarga del seguimiento del grupo de familias de origen africano que recogen comida en esta entidad. Pero también es traductora, consejera y quien ayuda a las familias que necesitan comida a conseguir los documentos para poder entrar al banco de alimentos.

Porque como ella explica «es realmente complicado conseguir los papeles. Hay mucha gente en situaciones de riesgo que no pueden tener el certificado de empadronamiento o que no les es sencillo conseguir la documentación». Algo que a veces se soluciona con un lote de urgencia de un mes aunque ella considera que esto es «pan para hoy y hambre para mañana», y denuncia que muchas veces los servicios sociales «no creen» a las personas con vulnerabilidad.

Durante el reparto Marcial ha organizado la comida para una familia de 8 miembros que vienen todos en una habitación «no se como justificarlo, pero no hablan el idioma y los servicios sociales no les están ayudando», explica.

De momento, Antonio Colomina tiene claro que sin los certificados de vulnerabilidad dejará el banco de alimentos «yo hago esto a gusto, porque ayudamos a la gente, pero el Ayuntamiento tiene que hacer los certificados para que podamos seguir haciéndolo. Si ellos no se hacen cargo de su trabajo yo estoy dispuesto a dejarlo todo, acabaremos los repartos que nos quedan y le diré al alcalde: 'Mira Luis, estas son las 240 familias a las que tienes que dar de comer'», afirmaba el dirigente vecinal cuando surgió la polémica en febrero.

Vicedo explica que la decisión última será de Colomina, al fina es él quien firma los papeles de la entidad, pero Rafa concreta que en este caso «se carga sobre los hombros de una persona una decisión que es muy grave, nos jugamos que el millar de personas que vienen a recoger alimentos se queden sin ellos, es una responsabilidad muy grande».

Sin embargo, de momento la concejalía no ha dado ninguna alternativa a los voluntarios que están a la espera de una reunión que permita desbloquear la solución. Mientras, Vicedo deja claro que supone que la orden de no emitir informes de vulnerabilidad no es un capricho, pero lo que no entiende es que no se les hayan planteado otras soluciones desde la administración, «si no son los informes que propongan alguna alternativa, estamos haciendo una labor que corresponde a las instituciones, que nos propongan de qué manera nos pueden ayudar para poder seguir dándole comida a todas estas familias».