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La primera sesión del pleno de Alicante de 2025 ha aprobado este jueves el sometimiento a información pública modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para legalizar las obras de un hospital privado en la zona de Vistahermosa Norte. Se trata de la construcción de un centro sanitario en el que se levantaron dos plantas más de las permitidas en la licencia de obra. Ahora, con este cambio de uso en el documento urbanístico, quedaría permitida.
Este cambio, que ahora se someterá a exposición pública, no librará a la empresa de una sanción «histórica y sin precedentes». En principio, la promotora compensará al Ayuntamiento con 785.000 euros por el incremento de edificabilidad previsto, al margen de la multa por las irregularidades cometidas que está pendiente de determinar.
La sesión ha comenzado con la petición del PSOE para retirar el punto en el orden del día. Los socialistas consideran que el cambio es un «trato de favor a una empresa». Han reclamado que el equipo de gobierno espere a que acabe el proceso judicial antes de continuar con la tramitación de la modificación. PP y Vox han rechazado la propuesta socialista, por lo que se ha pasado a votación.
Hospital vistahermosa norte
Justo después, el concejal del PP Manuel Villar ha defendido la modificación del PGOU. Ha recordado que, cuando se presentó la modificación puntual que permite el aumento de la edificabilidad, se aprobó con el apoyo de todos los grupos políticos. Según se explicó en la comisión de Urbanismo y avalan los informe jurídicos, «continuar con la tramitación de la modificación no entra en confrontación con los expedientes de sanción y de restauración que también está elaborando el Ayuntamiento«.
Entre la oposición, la izquierda ha mostrado su disconformidad ante lo que consideran una modificación hecha «a la carta». Mientras, Vox se ha dado por satisfecho con las explicaciones del equipo de gobierno y han echado en cara a la portavoz socialista, Ana Barceló, una modificación urbanística de Valencia que permitió la ampliación del Clinic.
El concejal de EU-Podem, Manolo Copé, ha destacado que «esta decisión sienta las bases para una política del todo vale, y que, si no es impugnada, provocará un grave deterioro en la garantía del cumplimiento de la legalidad urbanística en Alicante». El concejal se ha preguntado por qué no espera el equipo de gobierno a conocer la resolución judicial antes de continuar con la modificación.
PP
«La modificación puntual sobre el cambio de la calificación se tramita con respeto a la legalidad presente»
PSOE
«Es marca de la casa que cuando algo no se adecua al Plan General pues lo cambiamos»
Vox
«Continuar con la tramitación es compatible con el expediente de restauración de la legalidad y el sancionador a la empresa»
Compromís
«Están abriendo una puerta a que otras empresas actúen al margen de la legalidad como lo ha hecho esta empresa»
EU-Podem
«¿Por qué no esperan a regularizar la obra hasta que se resuelvan los expedientes de sanción y restauración de la legalidad?»
Por su parte, la concejala de Compromís Sara Llobell ha criticado también la falta de acceso a los expedientes de esta modificación. Además, ha considerado que, aunque se acabe sancionando a la empresa, «están abriendo una puerta a que otras actúen como lo ha hecho ésta, al margen de la legalidad. La licencia solo permitía construir dos alturas y han construido cuatro». «Ustedes no gobiernan para las personas, gobiernan para otros», ha concluido Llobell.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha recordado a la concejala Ana Barceló que, durante su etapa de consellera de Sanidad, el Ayuntamiento de Valencia realizó una modificación del ordenamiento urbanístico para permitir la instalación de consultas y quirófanos en los hospitales de la ciudad después de anunciar la ampliación. Algo que desde esta formación consideran análogo, pese a que solo suponía cambios en los usos.
«Esta situación nace de la falta de control por parte de la Concejalía de Urbanismo, que fue incapaz de ver que la empresa construyó dos plantas más, y del equipo de gobierno, que ante los bulos del PSOE no dio todas las explicaciones desde el minuto uno», ha resaltado Robledillo. Desde la formación voxista consideran que esta tramitación es compatible con continuar el expediente de restauración de la legalidad y el sancionador, por lo que han decidido votar a favor.
La portavoz socialista, Ana Barceló, ha sido de las más beligerantes al afirmar que «es marca de la casa que cuando algo no se adecúa al Plan General pues lo cambiamos». Desde el grupo socialista iniciarán «las acciones legales pertinentes frente a la modificación» y también contra aquellos que voten a favor. «Es un traje a medida, una modificación a la carta y un trato de favor a una empresa, por eso mantendremos en los tribunales que este pleno está cometiendo una ilegalidad», ha resaltado la edil.
La propuesta ha salido adelante con 16 votos a favor (PP y Vox) y 11 en contra (PSOE, Compromís y EU-Podem), una mayoría condicionada por la baja de las concejalas populares Nayma Beldjilay y Rocío Gómez.
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