Las partidas rurales, en lucha por el transporte a demanda

Sin embargo, estas entidades denuncian la mejora se anunció ya en 2016, aunque en los últimos años se ha ido retrasando su puesta en marcha a la espera de la entrada en vigor del nuevo contrato de transportes, algo que tampoco ha ocurrido.

«El 25 de enero de 2023 conocimos través de la página web del Ayuntamiento que «se espera que el mes de julio pueda entrar en servicio la prestación del nuevo servicio de transporte a la demanda», «después de aprobar el reglamento que regule correspondiente su funcionamiento», han expresado las asociaciones en un comunicado en el que exigen la activación inmediata del TAD.

A lo que han añadido que en los siete años que lleva pendiente este transporte «ha habido tiempo de sobra para aprobar el reglamento y diseñar la aplicación informática sin que hubiera hecho falta retrasar su implantación aún más».

«No podemos esperar eternamente para un servicio de máxima necesidad y urgencia que está contemplado en un contrato público en vigor. Primero es una cosa, luego la otra, ahora hasta julio y en julio ya veremos qué nuevo obstáculo surge», exclaman desde estas asociaciones.

Y es que para aquellos que carecen de vehículo privado o no pueden utilizarlo en las partidas rurales las opciones de transporte público son limitadas, ejemplo de ello es que en L'Alcoraia no hay servicio de autobús hacia la capital, tan solo una conexión con San Vicente con cuatro servicios diarios; el Bacarot cuenta con la línea que une Alicante con Torrellano que solo presta 2 horas de servicio al día; La Cañada también cuatro serviciosal día, y el Moralet tan solo la conexión entre Alicante y Agost con una frecuencia limitada.

El transporte público se suma «a los muchos servicios básicos de prestación municipal obligatoria que brillan por su ausencia en las partidas rurales, como es la pavimentación de vías públicas, el agua potable, el alumbrado, el alcantarillado, la recogida adecuada de basuras, los parques municipales, los colegios dignos, centros sociales y un largo etcétera», han incluido los vecinos.

De hecho, desde estas entidades reclaman que «en otras comunidades autónomas y países europeos el TAD es una realidad, es sostenible, más económico para el Ayuntamiento y más práctico para los vecinos, además mejora la calidad de vida».