¿Sin multas en la zona azul de Alicante? El PSOE advierte que el contrato está caducado

Tere Compañy Martínez

Alicante

Miércoles, 29 de enero 2025 | Actualizado 30/01/2025 13:29h.

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Según sostiene el Partido Socialista de Alicante, ante la imposibilidad de una nueva prórroga de este contrato, la ciudad se encuentra en «un limbo» en el que no existe cobertura legal para poder seguir prestando el servicio. Es decir, no se podría aplicar el régimen sancionador previsto en la normativa, por lo que dejarían de ser válidas las multas de las zonas de aparcamiento regulado.

Desde el equipo de gobierno, niegan que vaya a haber cambios en el sistema de la ORA y han afirmado que este sigue plenamente vigente en las mismas condiciones en que se venía prestando hasta ahora. Además, fuentes cercanas han confirmado a TodoAlicante que ya se ha puesto en marcha el procedimiento de licitación del nuevo contrato de la ORA, pero que el servicio se mantiene operativo con normalidad.

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Sin embargo, los socialistas han insistido en que con el contrato caducado y sin posibilidad de prórroga es necesario que el alcalde, Luis Barcala (PP), dé explicaciones cuanto antes y suspenda de inmediato la ordenanza reguladora de tarifas y sanciones (ORA). La portavoz socialista, Ana Barceló, ha reclamado también la dimisión o el cese del concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, «por su incompetencia».

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«El gobierno de Barcala ha generado un caos por su falta de planificación. El contrato ha expirado porque no se ha trabajado con eficacia y diligencia, no se ha velado por el interés público», ha destacado la portavoz. Barceló ha reclamado al regidor que presente un informe jurídico cuanto antes para que se aclare «qué va a ocurrir y a qué consecuencias se enfrentan» los posibles infractores, puesto que no existe cobertura legal.

Los socialistas han afirmado que llevan advirtiendo al equipo de gobierno de la finalización del contrato, así como de las posibles consecuencias. «Resulta evidente que no se puede establecer ninguna otra prórroga dado que el contrato ha quedado extinguido; ha expirado sin que la administración haya publicado la licitación de uno nuevo con al menos tres meses de antelación con respecto a la finalización del contrato. Barcala ha tenido siete años para impulsar el pliego de condiciones para el nuevo contrato pero no ha hecho nada», ha resaltado la portavoz socialista.

El contrato se adjudicó en el año 2013 por un total de 27,1 millones de euros y un plazo de ocho años, hasta 2021. Finalmente, se ha acabado extendiendo hasta 2025, al incluir la aprobación de dos prórrogas de un año previstas en el contrato, así como dos ampliaciones de carácter extraordinario. La primera de ellas, de 204 días y dos millones de euros para compensar las pérdidas de ingresos durante la pandemia. La segunda, de 248 días y 2,4 millones de euros como fórmula de compensación para el restablecimiento económico tras el perjuicio causado por la fallida zona azul y naranja que se planificó en Carolinas Altas.

«No se ha impulsado la licitación correspondiente para adjudicar este servicio. El alcalde debe asumir su responsabilidad porque es inaceptable que no haya previsto que se genere esta situación de caos por falta de seguridad jurídica», ha añadido el concejal socialista Raul Ruiz.