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La sociedad civil alicantina se rearma de nuevo contra los macrodepósitos del puerto y volverá a la carga para presentar varios recursos al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) sobre la instalación de esta planta de combustible en Alicante. Así, el alto tribunal ha admitido a trámite el contencioso-administrativo de Ecologistas en Acción sobre la petición de esta entidad de una revisión de oficio de la modificación de la concesión por la que se permite el uso del terreno a la empresa XC Business 90 para la construcción de estas instalaciones. También la Plataforma Puerto Sostenible planea presentar un recurso en este mismo sentido.
En otras palabras, estas entidades trasladan su lucha al principio de todo, al considerar que esa modificación se hizo sin las garantías legales que eran necesarias para autorizar una instalación de este tipo. Y de momento, al menos en la primera de ellas, el TSJ admite a trámite su demanda que requiere al Puerto de Alicante que justifique por qué no ha realizado una revisión de oficio.
Y es que desde estas entidades abandonan la estrategía de la licencia ambiental para centrarse en el Consejo del Puerto de Alicante que el 21 de julio de 2019 aprobó por unanimidad modificar la concesión lo que permitía ceder el uso a la empresa XC Business 90. «Si esta concesión es nula de pleno derecho el castillo de naipes caería por su base», afirma el portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas.
Las razones por las que desde Ecologistas en Acción consideran que esta licencia es nula de pleno derecho pasa por considerar que la empresa concesionaria no cuenta con las condiciones legales que exige una concesión de este tipo. Y por eso afirman que hay razones para declarar nulo este acto administrativo o incluso recuperar la concesión de los terrenos.
En primer lugar desde esta entidad afirman que la planta podrá almacenar 100 mil toneladas de carburantes, una cantidad que al año superará ampliamente el millón de toneladas. «Para operar con esta cantidad hay que tener la certificación de operador petrolífero y no es tan fácil de conseguir, de hecho XC Business 90 no cuenta con este título», explica Arribas. En su momento, el puerto tampoco se lo solicitó.
Otro de los aspectos que defienden desde esta entidad es que para contratar con la administración es necesario demostrar solvencia técnica y económica. En el caso de la que planea la instalación de los macrodepósitos se trata de una mercantil unipersonal con sede en Xativa que según afirman desde Ecologistas «ha estado en quiebra, no tiene solvencia económica ni técnica de ningún tipo». Además, afirman que tampoco está inscrita esta entidad en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, por lo que técnicamente no puede contratar con administraciones públicas.
No son los únicos motivos por los que desde las entidades de la ciudad han presentado recursos. Además, desde la plataforma también han tratado de acogerse a la justicia gratuita para continuar con la tramitación legal de todo este proceso judicial.
Desde la Plataforma Puerto Sostenible también presentarán su propio recurso en los próximos días. Su portavoz, Sol Garcín, ha insistido en que no entienden por qué no se ha planteado la nulidad de la licencia o incluso rescatar la concesión. «Estamos un poco sorprendidos de que llevamos años luchando contra esta amenaza y que ninguna de las administraciones hayan puesto lo que hay que poner para tumbarla», ha destacado Garcín.
Desde la Plataforma consideran que para evitar la instalación de los macrodepósitos las instituciones no han actuado adecuadamente, no se han asentado bien los recursos y que «es muy difícil que el Constitucional de la razón al Ayuntamiento». «Estamos asombrados de que digan que ahora van a hacer un frente común cuando no lo han hecho en todo este tiempo pero que al mismo tiempo sigan de perfil y pasándose la pelota unos a otros», ha criticado Garcín.
De hecho, desde la plataforma culpan a todas las administraciones: local, autonómica y estatal de no impedir la instalación de los macrodepósitos. «Hay varias vías para acabar con este riesgo para Alicante que es incompatible con una ciudad que vive del mar, con un modelo de ciudad y de puerto que intenta ser más verde y sostenible», ha concluido Garcín.
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