Alicante desiste y no recurrirá por el contrato de zonas verdes

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido finalmente no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la que se condena al consistorio a pagar cerca de un millón de euros a la mercantil Gestión Ambiental Urbana (Geamur) por la «exclusión indebida» de esta empresa de un contrato del servicio de zonas verdes.

Así lo ha señalado el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, celebrada este martes. «No vale la pena», ha apuntado, para posteriormente insistir en que, a su juicio, hay una «falta absoluta de motivación» en dicha resolución.

Villar también ha defendido que «los alicantinos han notado la mejoría» en el servicio con la nueva empresa adjudicataria --STV Gestión--, al tiempo que ha sostenido que «se hizo lo que había que hacer» en su momento para la contratación porque el consistorio «estaba amparado por los técnicos municipales».

En esta línea, preguntado por si esta multa de casi un millón de euros afectará al presupuesto municipal, el vicealcalde ha explicado que no, ya que se utilizará una «vía distinta para abonar esa deuda».

Además de esta indemnización por su exclusión, el Ayuntamiento también tendrá que indemnizar a Geamur por la prestación del servicio de limpieza de zonas verdes fuera de contrato entre julio de 2018 y diciembre de 2020. En este caso el coste supera los 700 mil euros. Así el pasado 14 de febrero el Supremo inadmitió a trámite el recurso contencioso contra la sentencia del TSJCV que daba la razón a la empresa. La decisión ya es firme y no cabe recurso.

Poco después de conocerse el texto legal el alcalde, Luis Barcala, explicó que que al margen de la valoración que hagan los servicios jurídicos del consistorio alicantino «esto es consecuencia del tripartito, que no hizo su trabajo y no sacó a licitación el nuevo contrato».

Durante el periodo de 2018 a 2020 la empresa tuvo que hacerse cargo de la realización del servicio pese a que se encontraba fuera de contrato. Por ello el consistorio deberá pagar una indemnización de 599.612,57 euros, más 84.665,10 de intereses de demora. Esta cuantía responde a la reclamación de la compañía de actualización de precios, costes de personal y de maquinaria y material. Estas peticiones las tuvo que asumir Geamur pese a estar fuera de contrato y que no se hubiera licitado el nuevo. En su justificación el juez considera que el caso no entra en aquellos susceptibles de interponer un recurso de casación, por lo que no entra a valorar el fondo de la cuestión.

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