Alicante cerrará el año con un macropleno extraordinario

Alicante celebrará el final de año de una manera muy particular con la celebración de un último pleno extraordinario el lunes 30 de diciembre, poco antes de que el 31 la plaza del Ayuntamiento se llene de alicantinos festejando la Nochevieja.

Sobre la campana los concejales debatirán sobre algunas de las cuestiones que se les han atragantado al equipo de gobierno durante el último año y que es imprescindible que estén aprobadas -o al menos debatidas- antes de final de año. Y eso que entre los asuntos que llegarán en este pleno figuran algunas de las últimas grandes polémicas a las que se ha enfrentado el gobierno municipal en el primer año y medio de este mandato: la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o la nueva tasa de basura.

En el caso de la ZBE, Barcala tiene allanado el camino desde que llegara al acuerdo con Vox de implantar la normativa sin sanciones. Una condición que ha llevado a los de Abascal a apoyar esta medida en el consistorio alicantino y a convertirse una vez más en el aliado del PP para sacar adelante cuestiones fundamentales. La ZBE tiene que entrar en funcionamiento el 1 de enero y por lo tanto deberá estar aprobada antes del 31 de enero.

Sin embargo, la situación de la tasa de basuras es muy diferente. La oposición en bloque ya ha mostrado su rechazo a esta medida que viene impuesta por la Unión Europea de cara a una gestión más adecuada de los residuos. Así, por un lado, desde Vox han afirmado que rechazan la medida al tratarse de una imposición de Europa y de la Agenda 2030. En cambio desde la oposición progresista han criticado el reparto del aumento de la tasa de basuras que afecta especialmente a aquellos inmuebles de menor tamaño y renta más baja.

Si nada cambia, el PP se verá solo ante el obligado cambio de la tasa de basuras, algo que exigen desde la Unión Europea y que podría provocar un roto de varios millones de euros en los presupuestos municipales de Alicante para el año 2025, antes incluso de aprobarse. Sin embargo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado en varias ocasiones que los concejales que voten en contra de esta normativa podrían enfrentarse incluso a sanciones o incluso responder con su patrimonio personal al tratarse de una normativa europea de obligado cumplimiento.

Otro de los aspectos que el equipo de gobierno intentará llevar al pleno del 30 de diciembre son justamente los Presupuestos municipales 2025. Las cuentas han entrado este martes al despacho de interventor para ser revisadas por el máximo responsable municipal, uno de los últimos trámites antes de que sean llevadas al pleno para su aprobación.

Sin embargo, pese a la promesa del alcalde de que este año -sí que sí- los presupuestos se iban a aprobar antes de acabar el año, todo parece indicar que no llegarán a tiempo para su aprobación inicial antes de que los alicantinos se coman las uvas. Tras el visto bueno de intervención, un trámite que tiene un plazo de unos 10 días, los grupos de la oposición contarán con otros seis para presentar enmiendas, así que las cifras no dan aunque no haya ningún reparo.

Desde el grupo municipal socialista, la concejala Ttini Amorós ha cuestionado que el gobierno de Barcala pretenda celebrar un pleno el 30 de diciembre para tratar de aprobar cuestiones de importancia para la ciudad, como son la tasa de basuras, la zona de bajas emisiones y, según Manuel Villar, todo aquello que sea necesario.

«Barcala apura hasta el último día por un evidente fracaso de su nuevo organigrama, que incluye numerosos altos cargos, más asesores que nunca y contando con 14 concejales. Una vez más encaramos la recta final del año sin que se haya presentado siquiera el borrador del presupuesto para 2025», reprochan.

«Un presupuesto refleja el proyecto político de un equipo de gobierno, y en un ayuntamiento normalizado se llega con las cuentas presentadas antes de fin de año. Seguimos sin saber qué quiere hacer el señor Barcala en 2025. No podemos opinar sobre las cuentas hasta que no veamos los números pormenorizados. El alcalde nos tiene acostumbrados al trilerismo y, con ello, genera una tremenda desconfianza», argumentan los socialistas.

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